Esta expresión, que vamos a definir como el acto gubernamental tendiente a forzar la transferencia de bienes y recursos de unos sectores a otros de la población, para lograr minimizar la brecha entre los más ricos y los menos afortunados, y con ello intentar equiparar las condiciones socio-económicas de la población, está siendo usada últimamente, a mi juicio, en forma un tanto abusiva. Abusiva, ya sea en cuanto a su reiteración, manipulación, consideración y expectativas.
El término, si bien viene de antiguo, representa uno de los principales postulados inspiradores de las corrientes socialistas nacidas en los albores del siglo XX.
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En la actualidad los distintos gobiernos del planeta han utilizado esta política, con diverso grado de profundidad, de convicción y de éxito, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población.
Desde el sillón del máximo poder de un Estado se la vislumbra como una herramienta mágica para calmar las tensiones sociales -basadas en problemas económicos- y, por qué no, para conmover multitudes en tiempos electorales.
Antes de continuar es preciso efectuar una aclaración puntual respecto de dos términos que suelen utilizarse en forma indistinta y sinónima, cuando no lo son. No es lo mismo la distribución de la riqueza que la distribución del ingreso. La riqueza es una magnitud física producto de la acumulación de bienes y recursos. El ingreso es una magnitud dinámica resultado de la retribución que perciben los factores de la producción, tales como el trabajo, el capital, la tierra, la empresa, etc. En consecuencia el ingreso está conformado por salarios, rentas, beneficios, etc.
Cómo se implementa la redistribución de la riqueza en la práctica?
Básicamente en dos frentes: con la aplicación de impuestos progresivos a las altas rentas, patrimonios o consumos, por un lado y con reintegros, subsidios y subvenciones, por el otro. Es un ajuste interno en la economía de un país. No se crea riqueza, se la redistribuye. Se quita coactivamente de un sector que tiene excedentes considerados excesivos para volcarla a otro sector que tiene déficits. El PBI del país será el mismo, el ingreso “per capita” seguirá siendo el mismo, pero la brecha entre los más ricos y los más pobres será menor.
Los impuestos tienen en este sentido una función estelar. Cuando un impuesto ha sido creado principalmente para extraer recursos de las altas rentas, de los beneficios eventuales o extraordinarios, de elevados patrimonios, y de bienes o consumos suntuarios o superfluos, se dice que se ha hecho un uso “extra fiscal” de la imposición con destino redistributivo, -cuando el uso fiscal principal es el de recaudar. Estos gravámenes no afectan (o no deberían) a las clases sociales medias y bajas.
La herramienta (1), entonces, tiene sus virtudes. Suena como una melodía romántica en los oídos del inmenso y desesperanzado sector de la población de menores recursos. La tarea “robinhoodiana” de sacarle a los ricos para darle a los pobres no puede ser cuestionada por nadie que no quiera ser tildado de conservador-insensible-discriminador-antisocial oligarca y algunas otras virtudes por el estilo. Por otra parte, el sector afectado a quien se le inflige la sustracción distributiva es cuantitativamente minúsculo y por lo tanto, electoralmente nulo. Aunque económicamente, muy poderoso.
El uso abusivo de la expresión
Echar mano a cada instante de este argumento de acción para justificar medidas que no pueden sustentarse ni resolverse de otro modo, provoca que la contundencia y potencialidad de la expresión se desluzca, aje, empobrezca y desgaste sus reconocidos efectos. Deja de ser la panacea para ser una muletilla. Por repetido y redundado deja de ser un movilizador eficaz.
A su vez, pretender atribuirle a esta locución propiedades que no tiene, o que requieren del cumplimiento y respeto de determinados límites como son los derechos y garantías constitucionales que recortan sustancialmente el infinito poderío que se le atribuye, constituyen una manipulación confusa con la que se la pretende disfrazar.
Ideológicamente se la considera desde los sectores de izquierda como la necesidad del combate a las superutilidades o a la “plusvalía” que genera el sector acaudalado de capitalistas propietarios, empresarios y terratenientes en detrimento de la fuerza laboral de un país. Obviamente se trata de la visión más radicalizada del problema que no toma en consideración cuestiones atinentes al origen de la propiedad de los bienes, el incentivo a la renta, el acceso a la información, el derecho positivo imperante, la razonabilidad de la pertenencia y de la cuantía, la diversa magnitud del esfuerzo desarrollado, el estímulo a la inversión, la libertad de elegir, etc.
Por último, el desconocimiento o negación de los límites jurídicos y constitucionales existentes y la falta de una prolija comprensión de las realidades del sector sobre quien se pretenden extraer permanentemente más y más recursos, tan prolija como a la del sector que se pretende beneficiar, crea una falsa expectativa sobre la inagotabilidad de la fuente, la pasividad y sumisión del sector y la productividad de la medida.
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